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miércoles, 26 de septiembre de 2012

Concursos: La gran estafa

Mediante un acta firmada con UPCN el 06 de junio el Estado se compromete a descongelar 5000 vacantes para la planta permanente, lo que derivará en la apertura de concursos en algunas dependencias del sectorial SINEP. El gobierno muestra esta iniciativa como un avance en la lucha contra el trabajo precario, cuando en la realidad es una muestra más de que la precarización se mantiene. En casi 10 años de gobierno K no hay creación de nuevos cargos, sino que se están abriendo algunas de las vacantes que se fueron desocupando (jubilaciones, renuncias, fallecimiento). Esto cuando tenemos alrededor de 35.000 contratados transitorios y una cifra similar de contratados monotributistas, a los que se suman el personal tercerizado (limpieza y seguridad entre otros). Las 5000 vacantes son una gota en el desierto.

El gobierno reconoce su propio fracaso

Los límites del sistema de concursos lanzados luego del anuncio de Cristina en el 2009, donde en concreto sólo se habilitaron 1000 vacantes, ha sido reconocido por el propio Estado que ha bajado a los gremios una propuesta con modificaciones del SINEP. Los cambios propuestos son cosméticos. Se trata de reducir algunos pocos requisitos en cuanto a titulación y experiencia laboral, por un lado, y reconocer (luego de una supervisión por el comité de selección) la mitad de los grados a los compañeros que ganen en su propia categoría, por el otro. En los concursos pasados muchos compañeros no pudieron siquiera ser admitidos por los elevados requisitos exigidos. A esto se sumó que otros no querían participar porque perdían la antigüedad al ingresar a la planta. Es ilustrativo el caso del Ministerio de Educación, donde de 208 cargos más de 40 quedaron vacantes (un 20%).

Una crítica de conjunto

La directiva de ATE plantea que los pases a planta sólo pueden ser por concursos, y que los grados a los contratados que pasen deberían estar sujetos a un proceso de revisión. Esta postura es fruto de un largo proceso de cooptación política que lleva a que cada propuesta bajada por el Estado empleador sea rápidamente aprobada por los gremios
Desde nuestra agrupación denunciamos que el Estado es el que está en falta por violar la Constitución al no garantizar ni la estabilidad del empleo público, ni el principio de igual remuneración igual tarea. Por ello, debemos exigir que el gobierno regularice a los trabajadores mediante un Decreto donde el primer artículo disponga el pase a planta de todos los precarizados (transitorios, monotributistas y tercerizados) que desarrollen funciones permanentes, respetando las categorías y montos salariales, y cuyo segundo artículo cree una comisión para que los compañeros de planta puedan solicitar las recategorizaciones pendientes. El sistema de concursos sólo puede servir a sus fines el día que no haya más precariedad laboral y que las vacantes que se abran sean para que ingresen en forma transparente nuevos compañeros.


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